Ni demagogia punitiva ni garantismo misógino ¡Ni Una Menos!
Las enormes movilizaciones que atraviesan el país desde el 3 de junio de 2015 cuando salimos a las calles con la consigna de Ni una menos no piden más penas, no piden menos libertades. Piden más prevención y más cuidado, más igualdad y más justicia. La demanda al Estado fue muy clara y puede resumirse en políticas integrales de prevención de la violencia machista y respuesta adecuada a las víctimas. Dos años después, seguimos pidiendo lo mismo. Nos matan al ritmo escalofriante de una por día: cada 18 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Argentina.
Las respuestas como la que busca ahora el Poder Legislativo no modifican en absoluto las violencias en que vivimos. Como Ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas. El proyecto de reforma que se tratará en el Senado busca aumentar la cantidad de tiempo que tiene que estar una persona detenida para lograr salidas transitorias, libertades anticipadas y condicionales, y en algunos casos se busca incluso prohibirlas. Pedimos políticas que eviten los asesinatos: que refuercen la educación con perspectiva de género, la capacitación de agentes judiciales y de seguridad, la velocidad de la respuesta estatal ante las denuncias. El endurecimiento de la penalización y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social.
Claro que hay jueces y fiscales que no toman en serio la voz de las denunciantes o que no se preocupan por la especificidad de violaciones y femicidios. Esa sospecha sobre nuestra propia voz es parte de las complicidades que fundan un garantismo misógino que trivializa y minimiza las violencias que nos afectan, y que está en la base de denuncias no consideradas y en las excarcelaciones apresuradas. El punitivismo no es menos machista: al grito de más cárcel evita el análisis oportuno y preciso que permitiría estrategias de prevención y cuidado que efectivamente salven vidas. Cuando la familia de Micaela fue a denunciar su desaparición a la comisaría, le dijeron que podía tratarse de un suicidio, el fiscal siguió esa hipótesis. Esas son las respuestas judiciales que nos encontramos cuando pedimos ayuda. Hoy buscamos a Araceli Fulles en San Martín, desaparecida hace 15 días. La fiscalía de San Martín no aceptó la ayuda de la Unidad especializada de Trata de personas para descartar esa hipótesis. En otras palabras: nos ningunean, y todas las medidas que efectivamente existen para prevenir y erradicar la violencia machista son desoídas una a una.
Se elude sistemáticamente la desigualdad estructural que imponen las jerarquías de género. De esta forma no se incorpora una dimensión de análisis más necesaria para erradicar la violencia machista: el carácter particular de los delitos sexuales. Entonces nuestros legisladores optan por la respuesta fácil, aquella que no mejora nuestras vidas, y con manifiesta facilidad realizan anuncios punitivistas con una ligereza sorprendente que demuestra la falta de compromiso que tienen con el bienestar de mujeres, niñas, adolescentes y personas trans.
Reformas que ya existen
En 2004, tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg y las marchas que encabezó su padre, el Poder Legislativo tuvo una respuesta igual de súbita e igual de ineficaz. El ejemplo de la actuación en este recinto hace trece años es pertinente porque ya en ese momento se limitaron las salidas de prisión de quienes habían cometido delitos: homicidios criminis causa, delitos contra la integridad sexual seguido de muerte, secuestro seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo.
Ocho años después, en diciembre de 2012, ante la conmoción que generó la violación seguida de femicidio de Tatiana Kolodziej, se promovió una extensa reforma a la misma ley 24.660, con el objetivo de restringir la posibilidad de conceder libertades anticipadas a quienes resultaran condenados por la comisión de delitos contra la integridad sexual. Esto mismo que se alega hoy, usando el femicidio de Micaela.
Esa reforma de 2012 reguló, además, distintos dispositivos para evaluar la situación de los condenados por violencia sexual y someterlos a un seguimiento específico, junto con el cumplimiento de su condena. Entre las exigencias previas a la concesión de una libertad anticipada para condenados por agresiones sexuales, se estableció la necesidad de elaborar un informe especial por parte de una comisión interdisciplinaria y se estableció el acompañamiento de un equipo especializado durante el periodo en que la persona se encuentre en libertad.
El proyecto que hoy se discute no dice nada de los resultados de esta reforma. No sabemos si se implementaron estos mecanismos, cuántos agresores sexuales fueron incorporados a ese régimen y si fue efectivo. La necesidad del establecimiento de políticas específicas para ofensores sexuales durante su condena resulta central a la hora de discutir el posible daño causado por los condenados al momento de recuperar su libertad. La reforma de 2012 los preveía.
Ahora, haciendo un uso oportunista y cínico del femicidio de Micaela, se busca extender prohibiciones que ya existen a un universo más vasto de delitos. El camino recorrido hasta ahora, y en el que se insiste, es el de descansar en el límite del sistema penitenciario. Se trata de un capítulo más de la banalización que hace el Estado, en este caso el Poder Legislativo, de la violencia machista y de los efectos que tiene en nuestras biografías. Si de verdad hay interés en resolver con eficacia la intervención penitenciaria, estas definiciones no pueden, no deben depender del límite del sistema penitenciario: no se trata de privilegios de quien es condenado/a sino de considerar adecuadamente cuáles son las condiciones por las que la violencia se perpetúa dentro y fuera de la cárcel.
Políticas de prevención ausentes
¿A quién le sirve responder con el Código Penal cuando estamos muertas y cuando al mismo tiempo se desmantela, desjerarquiza y desfinancia el Programa Nacional de Educación Sexual Integral? Le pedimos seriedad a las y los legisladores: no disfracen con modificaciones penales la inacción estatal respecto de la prevención y el cuidado, la falta de presupuesto adecuado, el deterioro de las líneas de atención, la escasísima formación con perspectiva de género de los agentes judiciales –que evitaría la sospecha sistemática sobre la palabra de las víctimas o sus familiares o amigos–, la destrucción de los programas educativos. Les pedimos seriedad y no actos publicitarios.
Queremos traer el debate que damos en las calles, que dimos en una asamblea abierta en la Plaza de Mayo mientras feminismos y grupos de mujeres, lesbianas, travestis y trans de distintos sectores nos dolíamos con rabia por contar un femicidio más y sin embargo ninguna pidió lo que en este proyecto de ley se propone. Creemos que dos años después de salir masivamente a las calles una y otra vez es hora de que llegue al Senado lo que se vive extramuros.
El femicidio de Micaela, como el de Chiara, Melina, Daiana, y las 329 jóvenes de 16 a 21 años que fueron asesinadas en los últimos 9 años son responsabilidad del Estado.
El Estado es responsable de cada voz que se apaga por una serie de faltas de acciones y omisiones. En primer lugar no hay políticas de prevención, la Educación Sexual Integral no se cumple ni tiene un presupuesto acorde, el 80 por ciento del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación se va en ladrillos: con lo que a una necesidad real (la capacidad de resguardo y cuidado de quien debe salir del círculo de violencia machista) se la transforma en una respuesta que termina por considerarse erróneamente total cuando, como sabemos, es apenas una parte de un tratamiento integral al problema. También existe un patrocinio jurídico que aun convertido en ley no se implementa. Como si todo esto fuera poco, ni los operadores judiciales ni las fuerzas de seguridad reconocen que esta problemática es estructural. Y, tal como se colige de la propuesta que discute el Senado, reduce el problema a uno penal. Necesitamos licencias por violencia de género, acceso al trabajo para las personas victimizadas dentro del encierro doméstico, acceso a la vivienda. Ninguna mujer puede defenderse de la violencia machista si no puede sostener su autonomía económica y la soberanía sobre su cuerpo; pero de todo esto rara vez se habla.
Estamos acá porque no vamos a permitir que se hable en nuestro nombre ni en el de los feminismos. Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos.
