3 de junio 2015

3 de junio 2015

I
En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios
publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas
sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que
decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1500 niñas y niños huérfanos
y algunos de ellos están obligados a convivir con los asesinos. El problema es
de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Necesitamos sumar
compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer como objeto de
consumo y descarte y no como una persona autónoma.
El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales,
credos e ideologías: Pero la palabra “femicidio” es, además, una categoría política,
es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es:
la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos.
Hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las mujeres. Hablamos de
hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen derecho sobre ella, que pueden
hacer lo que quieran, y que cuando esa mujer dice NO, la amenazan, le pegan, la
matan para impedir que diga NO.
El femicidio es eso: marcar los cuerpos de las mujeres violentamente, y como amenaza
para otras: para que las mujeres no puedan decir que no, para que renuncien a su independencia.
Aunque la gran mayoría de las mujeres que recordamos aquí fueron asesinadas por
hombres de su círculo íntimo, el femicidio no es un asunto privado, es producto de una
violencia social y cultural que los discursos públicos y de los medios vuelven legítima,
cada vez que alguien le dice puta a una mujer porque ejerce su sexualidad libremente,
cada vez que alguien la juzga por las medidas de su cuerpo, cada vez que alguien la
mira con sospecha porque no quiere tener hijos, cada vez que alguien pretende reducirla
simplemente al lugar de la buena esposa o la buena madre, destinada a un varón.
El femicidio es un tipo de violencia particular: no es un tema íntimo o doméstico o sólo
de las mujeres. En muchos femicidios también fueron asesinados los hijos como parte
del castigo proyectado sobre ellas y su propia capacidad de dar vida.
Lo privado es político. Cada mujer que se atreve a decir basta, que quiere dejar de ser
víctima para convertirse en sobreviviente, desafía a toda la estructura de la violencia
machista. Pero ese es su momento más vulnerable, ahí es cuando con saña se pretende
ajusticiarla y es entonces cuando más necesita de otros y de otras que ayuden a sostener
su decisión: redes de afecto, sociales, asistencia del Estado y un activismo político
fuerte que insista en decirle que no está sola y que no es su culpa. Para que ese BASTA,
que por fin pudo enunciar, se sostenga en el tiempo. Eso es, también, lo que estamos
haciendo hoy, acá, en esta plaza pública.
La violencia ejercida en el ámbito doméstico se vincula con cuestiones sociales que deben
ser discutidas en la esfera de la política. A diferencia de otros crímenes, el femicidio
se puede leer en una cadena: encontramos crímenes casi calcados por todo el país.
Por eso, afirmamos el derecho a decir NO frente a aquello que no se desea: una pareja,
un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido. Afirmamos el derecho a
decir NO a los mandatos sociales de sumisión y obediencia. Y porque decimos NO, podemos
decir sí a nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas afectivas,
nuestra sexualidad, nuestra participación en la sociedad, en el trabajo, en la política y
en todas partes.

II
Los femicidios no deben tratarse como problemas de seguridad. Y la lucha contra ellos
exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias
-nacional, provincial, municipal- pero también precisa una respuesta de toda la sociedad
civil. Y en especial una respuesta por parte de los y las periodistas, comunicadores
y comunicadoras, que son quienes construyen interpelaciones públicas.
En 2009 y por amplia mayoría (con 174 votos afirmativos y 3 abstenciones), el Congreso
nacional aprobó la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley Nº 26.485, un
paso importante en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, todavía está
pendiente la reglamentación de algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Sin la reglamentación completa de la Ley, el diseño de políticas integrales y la asignación
del presupuesto necesario para su instrumentación, esta herramienta lograda en
2009 resulta insuficiente para revertir el aumento de la violencia.
En el país existen líneas telefónicas y oficinas especializadas para orientar y asistir a las
víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no son acompañadas de políticas
integrales.
No existe en la Argentina un registro oficial de femicidios. Los datos que mencionamos
aquí son los que releva año tras año la Organización No Gubernamental Casa del encuentro.
Es fundamental contar con estadísticas oficiales.
El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta
a las víctimas. En muchas jurisdicciones, son ellas las que tienen que denunciar y luego
ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este sistema de doble denuncia está
apoyado en la falta de confianza de la Justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad
del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende enteramente de las víctimas
y, si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y luego se archivan. Se trata de un
modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y
que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial
agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la violencia institucional. Muchas de
las víctimas de femicidios habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino.
A tantas otras mujeres no quisieron tomarles las denuncias. Esta inercia no puede
continuar.
Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias decisiones. Otras están
desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral, y
sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de esas mujeres desaparecidas
se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación de la justicia y de las fuerzas
de seguridad. Por ellas también pedimos justicia.
El modo en que los medios, mayoritariamente, tratan el problema, debe transformarse
por completo: en muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino: hablan de
su vestimenta, sus amistades, sus modos de divertirse. En el fondo, agitan allí el “algo
habrán hecho”. Necesitamos medios comprometidos en la elaboración de protocolos,
además del imprescindible cumplimiento de los protocolos existentes y de los códigos
de ética para las coberturas periodísticas de estos casos.
La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de
desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. El tratamiento noticioso
de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas, con la invasión de la
intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus operandi del asesino, contribuyen
a que el femicidio se naturalice o se lo convierta en insumo para que el show
continúe. Y esto ayuda a su reproducción.
Decimos Ni una menos, con el dolor de la suma de víctimas que crece y crece.
Esta conmoción masiva, esta enorme y comprometida participación social, son un grito
unánime.
Es la manera que encontramos, en todas las plazas del país, con la movilización, con el
dolor común, con la preocupación y la necesidad urgente, de poner en marcha acciones
coordinadas que ataquen el problema; desde el origen -la cultura machista-, y hasta el
fin de la cadena: la mujer golpeada, la mujer asesinada.
El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía, debemos comprometernos a
perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres, nuevos
esfuerzos deben sumarse, codo a codo con el esfuerzo realizado por las organizaciones
de mujeres, feministas, ONGs y personas comprometidas que trabajan en esto desde
hace tiempo.
Es que los derechos de unas son los derechos de todos. La preservación de la vida y las
decisiones de las mujeres son ampliación de libertad para todos y para todas. Forjemos
nuevos modos de convivencia, estrategias para hilar cada vez mejor la trama de la vida
en común. No queremos más lágrimas de duelo y sí más avances que festejar.
No queremos más mujeres muertas por femicidio. Nos queremos vivas. A todas.
#NiUnaMenos.

III
Pedimos, entonces, una serie de puntos ineludibles para recorrer el camino hacia
Ni una menos:
1. Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la LEY
N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Puesta en marcha del Plan Nacional que allí se establece.
2. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres
incluyendo los índices de femicidios.
3. Apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte
Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares
de protección. Federalización de la línea 137.
4. Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo
electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de
acercamiento que impone la Justicia.
5. Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia. Atención de personal capacitado
para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Vinculación de las
causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante
todo el proceso judicial.
6. Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico
especializado y capacitado en la temática.
7. Creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para víctimas,
y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de
género.
8. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes
niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género, la temática de la violencia
machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos.
9. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado,
a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales
que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo
el país.
Todas las medidas requieren creación de instancias de monitoreo y seguimiento para su
puesta en práctica y funcionamiento efectivo.
Erradicar la violencia contra las mujeres puede ser difícil pero no es imposible.
Ni una menos es un grito colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado, es
revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro modo unos a otras, es un
compromiso social para construir un nuevo nunca más.
Repetimos.
No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres
vivas. A todas. #NiUnaMenos.