En Argentina, todos los días, mujeres, varones trans, niñas y adolescentes abortan en condiciones inseguras poniendo en riesgo su salud, su vida y su libertad. La dificultad de acceder a la interrupción legal del embarazo -que existe en nuestro país desde 1921, por violencia sexual o por riesgo para la vida o la salud integral de la persona gestante- junto con la criminalización de las emergencias obstétricas nos alejan del sistema de salud. Nos empujan a la vergüenza, el maltrato, el silencio y la soledad cuando más necesitamos que nos sostengan.
La historia de Belén en Tucumán es un caso, no el único, de criminalización de una emergencia obstétrica. Ella fue a atenderse por un aborto espontáneo en curso pero los médicos que la atendieron la denunciaron. Privilegiaron la persecución penal sobre el derecho a la salud. Antes, fue sometida a tortura y tratos crueles, como suele pasar en casos similares en los que por ejemplo se terminan abortos en curso sin anestesia. Pasó casi tres años presa. ¿Cómo vamos a pedir ayuda tranquilas a un hospital si el miedo a la cárcel es tan concreto? Más aún cuando no se cuenta con recursos económicos, la ilegalidad se ensaña con quienes menos tienen, porque lo que mata o nos deja enfermas no es el aborto, sino la inseguridad que rodea la práctica.
Sin embargo, ni la clandestinidad ni el maltrato en los centros de salud inciden en la cantidad de abortos que se realizan por año. Porque la verdad es que así como parimos, abortamos. Hay una amplia red de militancia feminista, que acompaña y asesora a quienes quieren abortar y gracias a ella venimos salvando vidas, porque estamos para nosotras. De la misma manera que hay profesionales que anteponen su moral a la vida de las personas concretas, hay otros y otras que se comprometen y cumplen la ley; asisten a quienes tienen derecho a reclamar un aborto.
Cuando lo decidimos, para proteger nuestras vidas y nuestros sueños, abortamos. Pero queremos hacerlo sin temor, con la protección del sistema de salud, sin maltratos y en libertad. Sin ser penalizadas por nuestras decisiones. El estado laico debe garantizar el acceso a esta práctica en condiciones de igualdad, somos nosotrxs quienes decidimos cómo llevar adelante nuestras vidas.
La maternidad es para nosotras un derecho, no una obligación. La sociedad debe respetar nuestra autonomía sin interferir en nuestras decisiones como ocurre en cincuenta y ocho países del mundo como Uruguay, Francia, Sudáfrica, Cuba, Canadá, Noruega, India, Australia, solo por poner algunos ejemplos.
Reclamamos el derecho a elegir, reclamamos el respeto por nuestra autonomía. Nuestras vidas cuentan, nuestros proyectos también. Tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, tenemos derecho a decidir en qué momento tener hijos o hijas y tenemos derecho a decidir no tenerlos nunca.
Somos mucho más que úteros gestantes, somos nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros planes vitales. Tenemos el derecho a llevar adelante el rumbo que elegimos de la manera que creamos mejor para nosotras.
Cuando decidimos abortar estamos decidiendo por la protección de nuestras vidas.
Aborto legal es vida. Sin aborto legal, no hay Ni una menos.